En todo el país se intensifica la preocupación ante el inminente debate de un proyecto de ley que busca declarar la emergencia en discapacidad. Carina Rimoldi, responsable del Centro San Teodoro de la ciudad, y Floriana Piccolini, docente en educación especial, dialogaron con El Correo y advirtieron sobre la situación crítica que atraviesa el sector y la urgente necesidad de obtener una respuesta estatal.
Según explicaron las profesionales, la Ley Nacional 24.901, vigente desde hace más de tres décadas, es el marco regulatorio de todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad en Argentina. Esta ley establece un nomenclador básico que define los pagos para cada tratamiento y servicio al que acceden las personas con discapacidad a través de su certificado, con la cobertura obligatoria de obras sociales, prepagas o Incluir Salud (para quienes perciben una pensión nacional por discapacidad).
El abanico de prestaciones es amplio, incluyendo tratamientos individuales y grupales, centros de día y hogares con centro de día, como el que coordina Rimoldi en Firmat, donde algunas personas residen permanentemente y otras asisten de forma ambulatoria. También abarca servicios brindados por profesionales de manera individual o en equipos interdisciplinarios.
Sin embargo, el sistema se encuentra al borde del colapso. La principal demanda radica en la urgente actualización de los aranceles establecidos en el nomenclador y el pago de las deudas acumuladas durante varios meses a los prestadores. “El sistema está armado para que las familias y las personas con discapacidad no paguen estas prestaciones, sino que las cubre el sistema a través de las obras sociales y demás”, explicaron. “Pero si los prestadores dejan de atender o las instituciones cierran por no poder sostenerse, las personas con discapacidad se quedarán sin sus tratamientos, sin sus hogares y sin los servicios esenciales”.
Durante el año pasado, los aumentos escalonados en los aranceles alcanzaron un magro 9,3% frente a una inflación que se disparó al 117,8%. “Esto representa una baja salarial muy significativa para los profesionales, lo que dificulta enormemente el sostenimiento de estas actividades”, señalaron con preocupación. La situación se agrava al considerar los costos operativos: “En el caso de los transportistas, creo que están pagando alrededor de 500 pesos el kilómetro recorrido cuando el combustible sabemos que vale muchísimo más”.
Ambas profesionales coinciden en que esta situación afecta directamente los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Por ello, depositan sus esperanzas en el tratamiento del proyecto de ley que busca declarar la emergencia en el sector hasta el año 2027, lo que permitiría asignar recursos extraordinarios para sostener las prestaciones. La propuesta incluye un aumento en los aranceles y la revisión de las pensiones no contributivas, actualmente bajo auditoría.
Rimoldi y Piccolini también alertaron sobre una significativa disminución del presupuesto nacional destinado a discapacidad. “La situación no solo repercute en quienes trabajamos con personas con discapacidad y reclamamos poder vivir dignamente, sino, por sobre todo, en poder garantizar los derechos de las personas con discapacidad”, enfatizaron, remarcando la necesidad de un “Estado presente”.
Por Mariano Carreras
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