Juan B. Justo y la cuestión agraria

Como hijo de la Pampa Húmeda santafesina siempre tuve predilección por el estudio de la obra de aquellos dirigentes socialistas que se dedicaron al análisis del agro. Como verdaderos investigadores no solo escribieron en abstracto del tema, sino que tuvieron un acercamiento práctico al objeto de indagación, viviendo entre los proletarios rurales, chacareros y todo ese complejo y vasto mundo. Juan B. Justo fue uno de los más destacados, entre ellos.

Para él, el suelo argentino no era solo una extensión de tierra, sino el escenario donde se decidía el futuro y la felicidad de  los trabajadores argentinos. Con una mirada profunda y solidaria, comprendió que el problema agrario era uno de los males más serios y urgentes que debía resolver la Nación para poder mirar con confianza el futuro.

Veía en la inmensa concentración de la tierra, el latifundio, una gran barrera que separaba el atraso estructural del necesario Socialismo para desarrollar las fuerzas productivas. Le dolía observar cómo la mayor parte de los agricultores no eran dueños de los campos que araban, sino víctimas nómades de los grandes propietarios e intermediarios que los esquilmaban. 

Mientras los señores de la tierra despilfarraban sus fortunas en las ciudades europeas o en la capital de la República, el agricultor vivía de manera primitiva, habitando chozas precarias de barro y palo que, por exigencias del contrato, debían ser arrasadas al terminar el arriendo. Para él, estos grandes terratenientes especulaban con la tierra en lugar de cultivarla, manteniendo una técnica atrasada, impidiendo que el país se poblara adecuadamente, y oponiéndose a la creación de escuelas o estaciones ferroviarias que pudieran traer progreso.

Son muchos los estudios de Juan B. Justo sobre la cuestión agraria, desde sus tempranas notas periodísticas, su conferencia sobre el Programa Socialista del Campo, pasando a su estudio El Impuesto sobre el privilegio, su notable capítulo sobre este tema en Teoría y Práctica de la Historia, y que alcanzó su punto más alto sobre esta temática en su folleto La Cuestión Agraria, con su apéndice sobre La Renta de la Tierra, de 1917.

Luis Pan, en su trabajo de 1949, Los Socialistas y la Cuestión Agraria, resume el pensamiento de Justo con estas palabras: “El punto de partida: la propiedad de la tierra, el latifundio. El asentamiento del agricultor, la tierra en propiedad, la estabilidad de la familia campesina. El problema agrario queda planteado: `El mal del latifundio, decía Juan B Justo, debe engendrar en nosotros conceptos novísimos sobre la propiedad y el privilegio´. El maestro opinaba que había que subdividir el suelo en unidades agrícolas estables. Cuando ello se opone en forma tradicional de la propiedad raíz, se plantea la cuestión agraria como el problema más palpitante de la vida nacional´”.

El corazón palpitante de este problema era la trágica figura del arrendatario, el agricultor que alquilaba la tierra para trabajarla. Sometidos a contratos breves y opresivos, a menudo de un solo año, estos trabajadores se veían obligados a acampar en casuchas miserables, sin higiene, sin la sombra de un árbol ni el consuelo de un hogar permanente. Al saber que su estadía era efímera, y que el propietario no les pagaría ni un centavo por las mejoras que realizaran, los campesinos no tenían motivación ni tiempo para cuidar el suelo.

Esto engendra una destructiva agricultura de rapiña: se le extrae a la tierra la mayor cantidad de frutos en el menor tiempo posible, esquilmándola y agotándola sin piedad. Hoy lo vemos con claridad. El doctor en Ciencias Agrarias Nahuel Reussi Calvo, especialista en suelos e investigador del Conicet, nos alerta: “La falta de rotaciones con pasturas y la disminución de la frecuencia de gramíneas en la rotación, sumado al bajo uso de fertilizantes, han producido una notable disminución de los niveles de materia orgánica de los suelos de la región pampeana, y por lo tanto, hoy día solo existe el 50 % del nivel original de materia orgánica”.

Para comprender la raíz de esta injusticia, es necesario desentrañar el concepto de la renta del suelo. En términos sencillos, la renta es ese valor extra, esa jugosa ganancia que produce la tierra por encima de lo que cuesta cultivarla y del trabajo invertido en ella. Lo asombroso y terrible de este sistema es que esta ganancia no es un fruto del sudor del terrateniente, sino un privilegio que él se apropia simplemente por ser el dueño legal del suelo.

Esta riqueza fluye hacia el propietario principalmente de dos maneras, conocidas como Renta Diferencial: las tierras más fértiles o aquellas más cercanas a los ferrocarriles y puertos producen riquezas de forma más barata y abundante. Toda esta ventaja natural y geográfica no enriquece al pequeño agricultor, sino que el terrateniente la absorbe cobrando alquileres cada vez más caros, que Carlos Marx en el tercer tomo de El Capital, denomina Renta Diferencial tipo I.

La Renta Diferencia de tipo II, estriba que si un agricultor trabajador e ingenioso invierte en mejores semillas, abonos o ara la tierra a mayor profundidad, logrará multiplicar las cosechas. Sin embargo, bajo este sistema, el dueño de la tierra tarde o temprano aumentará el precio del arriendo, devorando el esfuerzo y la inteligencia del cultivador.

Este fenómeno no es un espejismo exclusivo del campo. En las ciudades ocurre exactamente lo mismo. Un terreno en el centro vale infinitamente más que uno en las afueras, no porque su dueño haya trabajado más duro, sino porque allí se concentra la vida humana y el comercio. Levantar edificios de varios pisos es simplemente otra forma de exprimir esta misma renta urbana de un solo pedazo de tierra. 

La gran revelación detrás de la renta del suelo es que es un producto del trabajo de toda la sociedad. El valor de los campos y los lotes urbanos crece por el simple aumento de la población y por las obras que pagamos todos, como calles, puertos y vías férreas. Es un despropósito que el esfuerzo colectivo se convierta en fortunas inmensas para unos pocos privilegiados que no hicieron más que esperar.

Su análisis sobre la Renta del suelo tiene plena actualidad. En uno de sus últimos informes, la Guía Estratégica para el Agro (GEA), nos describe que en la zona núcleo del país (la más productiva), el 70% de la superficie se trabaja bajo alquiler, y en el 92% de los casos la modalidad de contrato dominante es a “quintales fijos a precio de soja lleno”. Otro dato relevante, es que los propietarios de superficies pequeñas, de 10 a 50 hectáreas, alquilan sus campos, y además los que lo hacen directamente contratan todos los servicios. En la zona de Carlos Pellegrini, Departamento San Martín de Santa Fe, el 90% de los dueños de campos que tienen hasta 100 hectáreas, alquilan sus predios a contratistas. 

Juan B. Justo propuso para proteger a los arrendatarios de la inestabilidad y los abusos, proyectos de ley que delinean medidas orientadas a otorgarles arraigo, libertad y una justa compensación por su esfuerzo. Específicamente, como las presentadas a la Cámara de Diputados en 1917, exigiendo las siguientes reivindicaciones fundamentales: Contratos extensos y estables: por los que se buscaba poner fin a los precarios contratos de un solo año. La legislación proponía establecer una duración mínima de cinco años para los arriendos, garantizando además que el arrendatario tuviese la opción de prolongar su estadía por varios años adicionales. Esto otorgaba a las familias campesinas el tiempo y la seguridad necesarios para establecerse verdaderamente en la tierra.

La indemnización obligatoria por las mejoras: el trabajador debía tener el derecho innegable de construir comodidades básicas y productivas, como habitaciones de ladrillo, galpones, aguadas, y sembrar árboles o alfalfa, sin necesidad de autorización previa del dueño. Al finalizar el arriendo, la ley obligaba al propietario a pagarle al campesino el valor de todas estas mejoras que quedaran en el campo. Además, se estipulaba que cualquier cláusula de contrato que obligara al trabajador a renunciar a esta indemnización fuera declarada completamente nula.

Libertad absoluta para trabajar y comerciar: era imperativo liberar al agricultor del vasallaje económico. Las propuestas exigían que el arrendatario pudiera contratar libremente la maquinaria que le convenga, y dispusiera del derecho de vender su cosecha a quien deseara, eliminando la extorsión de tener que entregar sus frutos a las compañías o intermediarios que los propietarios dictaminaran.

Castigo a la especulación de los intermediarios: para evitar la explotación a manos de quienes ni siquiera eran dueños de la tierra pero lucraban con ella, se proponía  la creación de una costosa patente (impuesto) anual a los subarrendadores. De este modo se buscaba desarmar el negocio de quienes acaparaban inmensos latifundios únicamente para exprimir a los colonos sub-alquilándoles parcelas más caras.

La legislación propuesta por Juan B. Justo buscaba que el agricultor deje de ser un nómade expuesto a la avaricia ajena y adquiriera las garantías necesarias para prosperar, protegiendo tanto su hogar como el capital y sudor que invirtió en cada siembra. Estas propuestas fueron defendidas incluso por figuras como el presidente Roque Sáenz Peña en 1912, y aplicadas con éxito en naciones como Alemania y Australia, demuestran que gravar el mayor valor es el camino más puro para sanear la economía.

Una cuestión que se omite cuando se habla de la “Grandeza del Centenario”, es el tema de la inmigración. El latifundio y la especulación de tierras tuvieron un efecto devastador sobre la inmigración en la Argentina, actuando como una inmensa fuerza repulsiva que impidió a los extranjeros radicarse de forma definitiva. A pesar de ser un país con un territorio inmenso, fértil y sumamente despoblado, el monopolio de la tierra provocó que una gran parte de los inmigrantes que llegaron terminaran marchándose.

Las cifras históricas revelan la magnitud de este fracaso demográfico: entre los años 1871 y 1914, entraron a la Argentina casi 5,9 millones de personas, pero más de 2,7 millones se fueron. Esto significó que la emigración representó un alarmante 46,30% de la inmigración. Para ponerlo en perspectiva, en los Estados Unidos, la emigración representaba apenas el 20% de la inmigración, demostrando una capacidad mucho mayor para retener a los nuevos pobladores.

El impacto de los latifundios se manifestó de diversas maneras. Para la inmensa mayoría de los trabajadores rurales que llegaron al país, resultó imposible adquirir un pedazo de suelo propio para fundar un hogar y cultivar con sus propios brazos. El territorio estaba acaparado en propiedades de inmensa extensión, dejando a las multitudes sin acceso a la tierra.

Al no poder establecerse de forma permanente, los trabajadores se convirtieron en una población golondrina. Cultivaban malamente el territorio durante la temporada de siembra y cosecha, pero al llegar el invierno, la falta de trabajo estable los condenaba a la desocupación, obligándolos muchas veces a emigrar, o a vagar buscando medios de subsistencia. Tengo en mis queridos ancestros, muchos ejemplos de esta precariedad vital e indignante.

El latifundio ahogaba el potencial de la inmigración porque le negaba al trabajador extranjero lo que más anhelaba: un pedazo de tierra libre para echar raíces. Al mantener los campos cerrados a la subdivisión y al trabajo permanente, el sistema condenaba a la población agrícola a un vasallaje inestable, expulsando a casi la mitad de las manos que llegaban buscando prosperidad.

En agudo contraste con el drama argentino, Estados Unidos y Canadá, ofrecían un paisaje distinto donde la tierra se entregaba a las manos de quienes deseaban fecundarla. En esos países, la sombra del latifundio no asfixiaba el progreso desde sus raíces, lo que permitía que la llamada cuestión agraria, no existiera con la misma gravedad.

Las ideas recomendadas por Juan Bautista Justo, hubiesen creado un poderoso mercado interno con altos salarios, impulsando la necesaria industrialización del país. Es lo que hizo grande a los países desarrollados, con su política agraria de distribución equitativa de la tierra. La decadencia argentina es el resultado de una oligarquía latifundista, que aliada al sector financiero, nos sigue desangrando.