La preocupación atravesó de lleno a las cerca de 130.000 personas que conviven con la enfermedad de Parkinson en Argentina. La interrupción en la provisión de LevoCal (la combinación de levodopa y carbidopa), un medicamento indispensable para el control de la sintomatología motriz, generó semanas de intensa angustia entre pacientes y familias de todo el país que veían restringido su acceso.
El origen de la alarma se conoció cuando la farmacéutica internacional Pfizer notificó la decisión de dar de baja esa línea de producción para reorientar sus recursos hacia otros desarrollos, como la cartera de tratamientos oncológicos. Frente a ese escenario, la falta de una respuesta inmediata por parte del Ministerio de Salud de la Nación encendió las alarmas de la comunidad de pacientes.

“Para el parkinsoniano, la levodopa más carbidopa es tan esencial como la insulina para el diabético. Es una toma de un comprimido cada cuatro horas todos los días y no se puede interrumpir, porque automáticamente florecen los síntomas de la enfermedad: la rigidez, el temblor y la dificultad para mantener el equilibrio, todos aspectos fundamentalmente motrices”, explicó el médico y paciente con Parkinson, Dr. Ramiro Huber.
Ante la inminencia del desabastecimiento, pacientes y profesionales de la salud se organizaron desde distintos puntos del país para visibilizar el reclamo e instalar la problemática en la agenda pública.

Tras las primeras gestiones y el reclamo masivo, el laboratorio —que inicialmente proyectaba retomar la fabricación en marzo del próximo año— comunicó que a partir del mes de noviembre se regularizará la provisión del fármaco en el mercado nacional, trayendo un alivio temporal a los miles de afectados.
Más allá de la resolución coyuntural del conflicto, el testimonio del Dr. Huber deja expuesta una discusión estructural sobre la regulación de los medicamentos esenciales y el rol de las instituciones públicas.

Creo que el laboratorio, como empresa privada, tiene el derecho de buscar cuál es su mejor actividad que le resulte más rentable, pero el Estado no puede dejar que eso impacte sobre la salud de la gente.
“Si tratás al sector salud con el juego del mercado, probablemente tengas este tipo de problemas o mucho más. En cambio, el derecho a la salud implica un Estado activo, vigilante y protegiendo ese derecho”, concluyó Huber.


Por Mariano Carreras







