El historiador firmatense Gustavo Battistoni hizo pública su disconformidad con el procedimiento judicial mediante el cual, en agosto de 2024, fue subastado un inmueble perteneciente a su familia donde funcionaba la fábrica Di Tullio y Battistoni (Alte Brown y Azcuenaga).
Dos años después de los hechos, Battistoni decidió romper el silencio tras haber aguardado sin avances el curso de las actuaciones y advertir falencias en el proceso que derivaron en la pérdida del bien pese a haber saldado la obligación financiera en litigio esa misma jornada.
De acuerdo con su testimonio, el remate se llevó a cabo en agosto de 2024 a pesar de haber abonado durante la mañana de ese día la totalidad de la deuda reclamada por el Banco, acreedor hipotecario de la propiedad.
Battistoni contó que su representante legal, el abogado Darío Girotti, se presentó en el lugar fijado para la subasta, donde la medida fue suspendida inicialmente a las 10.30. Sin embargo, tras retirarse el letrado, el acto terminó concretándose a las 12.30 con un reducido número de oferentes y bajo circunstancias descritas en el expediente como confusas.
Frente a esta situación, remarcó haber sufrido un doble perjuicio patrimonial, al materializarse la pérdida del inmueble de forma simultánea a la cancelación efectiva del compromiso económico.
Asimismo, relacionó lo sucedido con planteos de índole ética e institucional, al señalar que el adquirente de la propiedad es el mismo comerciante que actualmente enfrenta cuestionamientos públicos en redes sociales por presuntos incumplimientos.
Battistoni aclaró que no se encuentra juzgando ni acusando a ninguna persona de forma particular, pero fundamentó la visibilización del caso en la necesidad de que se esclarezcan los mecanismos aplicados por la Justicia y se determine si el accionar desplegado se ajustó a derecho.
Redacción/Fuente: El Correo
(Cooperativa de Trabajo desde 2017)
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