Basta de ajuste en discapacidad, es la consigna que este miércoles moviliza a instituciones y personas de todo el país. En Firmat, el Centro de Día San Teodoro adhirió a esta acción porque están en riesgo muchos de los derechos adquiridos por las personas con discapacidad que son contenidas en distintos espacios especializados.
“Estamos haciendo una jornada de reflexión y reclamo frente a un proyecto de decreto que nos anoticiamos ahora en el mes de mayo, hace 15, 20 días, de que está la firma del Jefe de Gabinete y del Presidente de la Nación”, contó a El Correo, la directora de San Teodoro, Carina Rimoldi.
La licenciada Rimoldi detalló que si avanza esta norma se “estaría desregulando el sistema de prestaciones básicas de atención a las personas con discapacidad en todo el país”.
Esta medida determinaría, entre otras cosas, que muchas personas que hoy acceden a un sistema que los contiene y acompaña se queden afuera o pierdan beneficios por falta de recursos económicos.
“Nosotros tenemos una Ley Nacional que es la 24.901, de hace más de 30 años, que tiene un nomenclador donde ahí se rigen todas las prestaciones que se le brindan a las personas con discapacidad. Ahora lo que pretenden hacer es desregular ese sistema y que cada prestador y que cada obra social o prepaga pague lo que le parezca, lo que considere acorde”, explicó.
Esto lo que haría “es generar diferentes escenarios, por un lado, prestadores que se vayan desfinanciando. Hablamos de instituciones que pueden ser centros de día, hogares, atención psicológica, prestaciones de apoyo escolar, todas las prestaciones que están dentro del nomenclador nacional”, precisó.
También “lo que pasaría es que personas que tengan determinadas prepagas u obras sociales, paguen un arancel determinado y accedan a determinados servicios y otras personas donde las obras sociales o las prepagas pagan un arancel inferior, no puedan acceder. Por lo que se estaría generando discriminación en la población y habría ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, remarcó Rimoldi.
Si el presidente Javier Milei firma este decreto, afectará a más de 200 mil personas con discapacidad en Argentina y pondrá en riesgo la continuidad de servicios esenciales para las personas con discapacidad.
Por Mariano Carreras
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