Lo que comenzó como un hecho de inseguridad el pasado sábado por la noche en el barrio Fredriksson derivó en una compleja situación que incluye denuncias por amenazas y también por el manejo de información oficial.
Eliana Espinosa, víctima del robo, relató a El Correo que el episodio ocurrió mientras salía hacia una peña con su hijo de cinco años: “Como yo iba cargada con las banquetas y el bolso matero, dejo el bolso en la reja de mi casa, agarro a la perra, la entro y cuando vuelvo a salir no tenía más el bolso”.
Ante este suceso, la víctima y su familia revisaron las cámaras de seguridad que tienen en el exterior de su vivienda. Allí advirtieron quiénes eran los presuntos ladrones. Posteriormente dieron aviso al 911.
Inesperadamente, tras radicar la denuncia, la situación escaló de manera preocupante para las víctimas. “Desde ese momento empezaron a llegar amenazas a través de las redes sociales y el domingo tuvimos que volver a ampliar la denuncia porque vino gente a nuestro domicilio”, detalló Eliana.
En este contexto, la vecina reveló una situación que motivó una presentación judicial contra un funcionario local: “Recibo una llamada de un funcionario municipal dándome información sin que esto supiera la policía, haciendo preguntas de si mi celular estaba en tal lado y demás, y dando confirmaciones que ni yo ni la policía teníamos”.
Esta presunta filtración de datos llevó a la vecina a presentarse ante la fiscalía para denunciar a la persona en cuestión por su accionar durante el operativo. Al respecto, la mujer manifestó: “Es muy difícil cuando quien está en un cargo para cuidarnos no hace absolutamente nada y solamente se comunica con la gente del mal y no con la gente que tiene que proteger”.
En una primera instancia, de acuerdo a las palabras de la vecina, por el delito se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos, pero los procedimientos arrojaron resultado negativo. Sin embargo, entre el martes y hoy, habrían sido detenidas al menos dos personas. La Fiscalia de Melincué está a cargo de la investigación.
Debido a las amenazas recibidas, Eliana y su familia cuentan actualmente con custodia policial rotativa en su hogar. La vecina concluyó su descargo enfatizando que su reclamo trasciende la pérdida material y apunta a una problemática estructural: “Esto va más allá de si recupero o no el celular. El reclamo es para que se pare un poco la entrada de droga y que la gente se anime a denunciar, porque sin las denuncias la policía ni la fiscalía pueden hacer absolutamente nada”.
Redacción/Fuente: El Correo
(Cooperativa de Trabajo desde 2017)
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