En la madrugada del pasado 11 de octubre, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó una nueva Ley de Alquileres. Otra más, entre tantos intentos frustrados. Para que la misma entre en vigencia, falta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, que seguro tendrá lugar en los próximos días.
Después de tantas idas y vueltas, tanto debate y tanta angustia contenida por la sociedad toda, la nueva ley introdujo muy pocos cambios a la normativa que teníamos hasta ahora. Lo más trascendente, aunque sin llegar a tener la fuerza necesaria como para cambiar demasiado la situación, pasa por la frecuencia con la que se actualizará el monto del alquiler, que pasa de ser anual a semestral y el índice que se aplicará para este aumento, que ahora será el de Casa Propia, basado en el menor indicador entre el promedio de la variación salarial y el promedio de la inflación del último año.
Este índice sería inferior al que se viene aplicando. Para sintetizar, podemos decir que los únicos dos cambios que trae esta nueva norma son los aumentos del canon locativo cada seis meses y por un índice distinto al anterior, en principio inferior. Es importante destacar que se mantiene el mínimo de tres años para todos los contratos, que era otro de los puntos en discusión. El resto de las modificaciones carecen de real importancia y son incapaces de provocar verdaderos cambios en la materia. En realidad, las otras tampoco la tienen, dejándonos un sabor a poco y previendo que los viejos problemas sigan sin solución.
Tal como ocurrió apenas fue sancionada la reforma anterior en 2020, ya se empezaron a escuchar voces muy críticas, que vaticinan un futuro incierto y poco alentador. Lamentamos que después de tanto tiempo de trabajo y tanta expectativa generada, tengamos que seguir esperando para encontrar el buen camino.
El mayor problema lo encontramos en que el altísimo valor que pagan los inquilinos, no redunda en un beneficio económico redituable para el propietario, provocando una retracción en la oferta de inmuebles en alquiler, con el consiguiente aumento de precios. La clave está en poder encontrar algo de equilibrio entre estos dos extremos de la balanza. Tarea para nada sencilla, que después de muchísimos intentos, aún sigue sin conseguir el objetivo. Aunque para ser justos, no podemos dejar de mencionar que, en este contexto inflacionario desmedido, es casi imposible legislar sin fracasar.
Quizás el problema no esté en lo que sancionen nuestros legisladores, sino en la profunda crisis económica que estamos atravesando, que hace inviable el desarrollo medianamente normal tanto de esta actividad, como de muchas otras.
Por Federico De Vincenti
(Abogado)
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