Una escuela democrática para un país democrático: 40 años formando sujetos libres e inclusivos

Este año, los argentinos y las argentinas cumplimos 40 años de vivir en democracia, el período de más larga duración que erigió esta forma representativa. Históricamente, el país fue intervenido sistemáticamente por diferentes golpes de estado [1] dejando como saldo, no solo la reducción de derechos humanos, sino también una crisis sociopolítica y económica estructural. Por tal motivo, en este 2023 no solo conmemoramos las cuatro décadas del fin de la última dictadura cívico-militar, sino también el sostenimiento del modelo de representación democrática.

Ahora bien, luego de la asunción del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en diciembre de 1983, urgió (y urge) la necesidad de construir una sociedad que sostenga y defienda este modelo político. He aquí, el papel fundamental de la escuela como un espacio para el ejercicio de la ciudadanía promotora de los Derechos Humanos. Su centro de acción está delimitado por políticas institucionales, por la selección de contenidos a enseñar y por la implementación de una pedagogía de la memoria.

En primer término, es significativo marcar el papel político-institucional que ha tenido la escuela al establecerse como una herramienta principal para imprimir “el sentido democrático de la democracia”. Desde 1983 en adelante, se han dictado una serie de premisas legales en busca de contrarrestar los elementos que se constituyen como una amenaza para la democracia. Por ejemplo, previo a nuestra democracia, el nivel educativo secundario no solo no era obligatorio sino estaba vinculado con las clases más privilegiadas. En efecto, el surgimiento del “nivel medio” fue pensado para formar a la elite liberal de nuestro país. Con el paso del tiempo esas herencias continuaron hasta entrado el siglo XXI cuando con la sanción de la Ley Nacional de Educación Nº26206 lo configura como un espacio donde los las jóvenes pueden estar, estudiar, aprender pero también refugiarse, ser comprendidos y escuchados. Por otro lado, en franco vínculo con la consolidación y profundización de la democracia, se encuentra la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral Nº26150 (ESI). Referimos al derecho que se les otorga a niños, niñas y jóvenes al acceso del saber científico sobre su propio cuerpo, sexualidad, afectos y vínculos. Sin duda, la ESI resulta una de las medidas dictadas dentro de las políticas de cuidado, eje dorsal del sostenimiento de una sociedad democrática, en la que tengamos el mismo derecho a ser iguales que el derecho a ser diferentes. En tercer lugar, no podemos dejar de reconocer el rol fundamental de las escuelas durante la pandemia COVID-19, instituciones que se volvieron porosas reconfigurando sus aulas cerradas y estáticas a favor de la conectividad y el acercamiento virtual.

Por otro lado, curricularmente se han creado significativos documentos y recursos escolares que “enseñan a enseñar” la convivencia democrática [2]. El Estado advierte que el mejor modo de promover los Derechos Humanos entre las nuevas generaciones es brindándoles herramientas que les permitan reconocer, ejercer y exigir sus derechos. La vía de acceso para ello es, desde luego, la implementación de actividades de reflexión y trabajo mancomunado institucionalmente para formar sujetos pensantes, reflexivos, críticos y transformadores.

En Argentina, los derechos humanos están unidos íntimamente con la memoria. Sabemos que para nuestros y nuestras estudiantes lo que ha ocurrido a fines del siglo XX poco tiene que ver con las dificultades del presente. En efecto, cuanto más pase el tiempo, más distancia experiencial tendrán de lo ocurrido entre 1976-1983. Por eso, la importancia de vincular las injusticias que atraviesan actualmente al país con procesos y hechos ocurridos durante la última dictadura militar. Este hito histórico supone vislumbrar las bases ideológicas, sociales y económicas que son parte de la represión sistemática de nuestro país (y Latinoamérica en su conjunto). Como docentes, no importa el nivel educativo, tenemos el desafío y compromiso de lograr que nuestros estudiantes, consigan vincular la memoria, los derechos humanos y el repudio a los crímenes de lesa humanidad con el acceso a derechos sustanciales para la vida como el de la salud, la educación, el medioambiente y la ciudadanía participativa.

A 40 años de la democracia, no existen recetas para hacerla “más democrática”, pero sí un compromiso docente para hacer de las escuelas una trinchera, un espacio formador de sujetos sensibles, empáticos y críticos. En fin, estudiantes capaces de contribuir a la construcción de una sociedad democrática e inclusiva, competentes de intervenir en el diseño y sostenimiento de normas y pautas del mundo en el que viven.

^[1] La Ley Sáenz Peña fue sancionada el 6 de marzo de 1912 estableciendo el sufragio obligatorio, secreto y masculino. Desde entonces, se realizaron seis golpes de Estado concretados, en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976.

[2] https://www.argentina.gob.ar/educacion/programas-educativos/recursos-educativos