El Ejecutivo local apartó preventivamente de sus cargos a dos trabajadoras del Juzgado de Faltas e inició una investigación administrativa y judicial tras detectar que se habría solicitado el pago de multas provinciales mediante transferencias a una cuenta bancaria particular.
La medida fue confirmada por la secretaria de Gobierno, Betiana Pellegrini, quien detalló que el procedimiento se activó de manera automática tras la denuncia presentada por una vecina en las oficinas municipales.
“Apenas tomamos conocimiento de una presunta irregularidad, iniciamos un sumario administrativo y apartamos a las trabajadoras involucradas para evitar cualquier contacto con los elementos de trabajo y resguardar la investigación”, explicó Pellegrini. Si bien la acusación inicial apuntaba a una de las agentes, la decisión preventiva se extendió a ambas empleadas del área.
Durante la instrucción de la causa administrativa se recabó abundante material probatorio, incluyendo documentación y declaraciones testimoniales. “Por decisión del Intendente, el caso fue derivado a la justicia penal con el fin de determinar si los hechos constituyen un delito y evaluar si existen otros involucrados”, planteó la funcionaria.
Según precisó Pellegrini, la irregularidad se habría detectado en el cobro de sanciones correspondientes al sistema de juzgamiento provincial, cuyo mecanismo de control difiere del esquema municipal. Ante esto, el Municipio mantuvo bajo confidencialidad el expediente durante las primeras semanas para asegurar el avance del proceso antes de hacerlo público.
El sumario puede derivar en sanciones administrativas que van desde un apercibimiento hasta la cesantía o exoneración, mientras que la vía judicial buscará determinar las responsabilidades penales pertinentes.
Redacción/Fuente: El Correo
(Cooperativa de Trabajo desde 2017)
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