Reforma Constitucional de Santa Fe: Arquitectura del proceso

En ediciones pasadas hablamos sobre la posibilidad que brinda el contexto político actual, para llevar adelante el debate sobre la reforma. Tema que emerge periódicamente y que suele reducirse a unas pocas cuestiones: reelección del Gobernador, y cambios en el sistema político electoral santafesino.

Esta vez, quiero que conozcamos un poco la cocción de lo que podría considerarse el “proyecto de reforma posible”. Para esta ocasión, convoco a un especialista del tema, el Lic. en Ciencia Política, Ramiro Galassi, quien integró la Comisión técnica para la Reforma de la Constitución, propuesta por la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe con quien redactamos este artículo.

La arquitectura de la reforma podemos entenderla en dos dimensiones, la dimensión formal que incluye la iniciativa y convocatoria de los actores involucrados en la propuesta de reforma (Poder Ejecutivo, Legislativo, o incluso ciudadanos mediante una consulta popular) y los procedimientos Legislativos. Por otro lado, el mecanismo informal y necesario para iniciar el proceso, que refiere a la construcción de coaliciones para alcanzar la mayoría especial requerida en la actual Constitución (CSF, art. 144).

En base a la dimensión formal, el mecanismo previsto sostiene que, para hacer llamado a una Reforma de la Constitución de Santa Fe, es necesario una Ley Especial que declare la necesidad de Reforma. Una vez aprobada, se llama a elecciones de la Convención Constituyente, bajo los mismos procesos que las elecciones legislativas (Paso y Generales) y solo quedan habilitadas las candidaturas partidarias, de la cual se elegirán 69 representantes de la convención constituyente, es decir, se reiteran la cantidad de legisladores que existen actualmente (50 por distrito único; 19 por departamento).

En función de lo que entendemos como dimensión informal, hacemos mención a los procedimientos de construcción de Coaliciones necesarias para acordar el proyecto de Reforma Constitucional. En la actualidad el Bloque de Unidos posee el número mayoritario, es decir, 28 diputados, y 13 senadores. Sin embargo, la exigencia de la Ley Especial, establece el voto positivo de al menos 33 diputados y 12 senadores. Entonces, la arena de conflicto hace foco en la Cámara de Diputados, donde es necesario ir en búsqueda de un bloque minoritario o la suma de voluntades, las que darán la llave para iniciar el debate sobre la reforma.

Sin embargo, ¿por qué resulta tan dificultoso conseguir ese apoyo? La suma de voluntades, viene aparejado de negociaciones. Lo que evidencia un conjunto de estrategias de poder que representan intereses sectoriales, en la búsqueda de acuerdos comunes. Conseguir el apoyo de legisladores adicionales o construir alianzas estratégicas que puedan reunir la mayoría especial para iniciar el debate sobre la reforma, les permitiría a los posibles aliados conseguir, bajo un esquema de cláusulas, incluir temas y lineamientos de una Reforma Constitucional Posible.

En el mismo sentido, la mayoría oficialista no es homogénea, y presenta al interior la complejidad de sostener, por un lado, el gobierno, y por otro, plantear las diferencias en torno a las reformas estructurales del Estado, sin fragmentar la continuidad de un proyecto político.

Esto genera un clima de tensión interna en el cual los legisladores oficialistas deben navegar cuidadosamente, conciliando las expectativas del electorado y los compromisos asumidos con los aliados internos. Al mismo tiempo, plantean la autocensura estratégica al evitar o posponer determinados temas de agenda, para evitar conflictos irreparables en la estructura de poder (Mutti: 2022).

Como se ha mencionado en ediciones anteriores, cada partido político tiene su propio ideal de reforma, lo que lleva a plantear el dilema entre la “Constitución ideal” y la “Reforma posible”. Alcanzar un texto constitucional que represente el proyecto deseado de cada sector sin fracturar el equilibrio político es un reto que, históricamente, ha resultado infructuoso. Esto explica por qué, en parte, a más de 60 años de la última reforma, persisten grandes barreras para consensuar un proyecto.

La dilación de un acuerdo sobre la reforma constitucional también revela tensiones más profundas entre la urgencia de modernizar el marco institucional y la falta de consenso sobre cuáles deben ser las prioridades. Si bien existen muchos puntos de convergencia, como la necesidad de fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la modernización del aparato estatal, persisten disensos en temas como la reelección del Gobernador, y la limitación de las relecciones de diputados y senadores.

Otro aspecto a considerar es el nivel de involucramiento de la ciudadanía en relación con la necesidad de una reforma constitucional. En general, para un ciudadano, la Constitución no suele ser una prioridad, y bajo la mayoría de los aspectos, este no muestra un interés directo ni se la involucra en el proceso. La desconexión entre la percepción ciudadana y la agenda política podría representar un desafío adicional, al cuestionar la legitimidad del proceso de la reforma que no cuenta con una fuerte demanda social.

Finalmente, el camino hacia una reforma constitucional viable dependerá de una estrategia para construir acuerdos, y la habilidad para priorizar los temas de mayor consenso, siendo lo suficientemente flexible como para adaptarse a las diversas necesidades políticas. En este proceso será fundamental integrar a la ciudadanía, legitimando así el proyecto de reforma.

Así mismo, consideramos y somos optimistas en que se abriría el debate y que posiblemente el camino para lograrlo sea pensando en la Reforma Posible.